El Consejo Federal de Mecanismos Locales de la República Argentina presentó ante la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación una impugnación formal contra la postulación de Fernando Gabriel Zarabozo para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en representación del Poder Legislativo. El organismo solicitó que el candidato sea excluido del dictamen que se elevará a ambas Cámaras, por no reunir los requisitos de trayectoria en derechos humanos e independencia de criterio que exigen el artículo 20 de la Ley 26.827 y el artículo 18 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).
La decisión fue adoptada el 26 de octubre en sesión extraordinaria, tras reiteradas manifestaciones de organizaciones de derechos humanos de acreditada trayectoria. Participaron los mecanismos locales de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Entre los fundamentos, el Consejo Federal señaló la ausencia de antecedentes del postulante en la defensa de personas privadas de libertad y un conflicto de interés funcional derivado de su desempeño como director de Control de Narcotráfico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y como responsable de la Oficina de Defensa Letrada del Personal Policial; la calificación como “actos de terrorismo” de protestas sociales masivas en la región; su posición pública contraria a los límites regulatorios al uso de armas de fuego; y afirmaciones estigmatizantes hacia el pueblo mapuche, las universidades públicas y los sectores de menores recursos.
Durante la audiencia pública realizada el 27 de octubre, Rodrigo Solá, en representación del Consejo Federal, expuso los argumentos de la presentación. Las respuestas brindadas por el candidato no resultaron suficientes para despejar los cuestionamientos planteados ni para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y convencionales que exige el cargo.
El Consejo Federal manifestó además su reparo institucional por el plazo otorgado para la etapa de observaciones e impugnaciones, de cuatro días hábiles frente a los quince que establece la Ley 26.827; advirtió la falta de publicidad de las declaraciones juradas sobre incompatibilidades previstas en el Decreto 465/2014; y requirió la apertura urgente y simultánea del proceso de selección de las representaciones de la sociedad civil, en consonancia con las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT).
Por último, el organismo informó que pondrá esta presentación en conocimiento del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT), a fin de resguardar la independencia e integridad del mecanismo nacional argentino.