La convocatoria tuvo lugar el miércoles 18 de junio en Casa de Gobierno. Además de la elección de sus autoridades, se avanzó en el proceso de selección de los legisladores propuestos para integrar el Comité para Prevención de Tortura: el senador Juan Pablo Cosso, y los diputados Silvina Deccó y Silvio Gallay. Asimismo, los comisionados Ignacio Journé y Sofía Stamatti, integrantes del CPPTER por las organizaciones de la Sociedad civil, presentaron los informes anuales de 2023 y 2024 ante la Comisión.
Los legisladores se expresaron en relación a la defensa de los derechos humanos desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, y coincidieron en resaltar el espacio que les brinda la Comisión Bicameral para el análisis, la discusión, y el abordaje de problemáticas que suceden en territorio entrerriano.
Luego de la conformación de la Comisión Bicameral, se dio paso a completar la nueva estructura del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Según el artículo 11 de la Ley 10563, los tres miembros propuestos por el Poder Legislativo para integrar el mismo, se someten al procedimiento de apertura de un período para presentar impugnaciones u observaciones que serán consideradas por la Comisión Bicameral, y si no hay objeciones se incluirá a estos candidatos en el Dictamen a ser considerado por ambas Cámaras. De esta manera, luego de realizar las publicaciones correspondientes en relación al senador Juan Pablo Cosso, y a los diputados Silvina Deccó y Silvio Gallay, se dará el plazo de 10 días para este fin.
El organismo se completa con la directora de Derechos Humanos representando al Poder Ejecutivo, María Emma Bargagna, y los miembros de la sociedad civil que ya vienen trabajando desde agosto de 2023, Ignacio Journé y Sofía Stamatti. Estos últimos, presentes en la reunión de Comisión de este miércoles, entregaron a los legisladores informes sobre las inspecciones realizadas. Ambos destacaron la necesidad que había de terminar de conformar el Comité, y manifestaron que vienen trabajando atendiendo casos particulares y visitando lugares de detención en toda la provincia. Pusieron de relieve que contar con presupuesto será beneficioso para la prestación del servicio, y comentaron a los legisladores presentes sobre los problemas, en diferentes niveles, que tienen tanto unidades carcelarias como departamentales de Policía en cuanto a infraestructura, hacinamiento, alimentación, salud, violencia, entre otros.